Suspensiones, despidos, tarifazo…. Ahora el FMI

Clarín del miércoles 4 le dio cuatro páginas a la noticia de que Solá pactaría con Macri y de Narváez una lista para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Pero su conclusión fue decepcionante; según Eduardo van der Kooy, "fragmenta a la oposición". Aparentemente, el ‘lobby' de Magnetto no se conformaría con un triple empate en el distrito (Carrió, Solá, Kirchner) -un resultado que, sin embargo, no debería ser visto como ‘anormal' en una elección de renovación parlamentaria. Clarín quiere, aparentemente, un resultado por nocaut, que debería ser -dice- "producto de la polarización". En la Capital, Carrió ya ha levantado las objeciones a un acuerdo con Macri. La ‘transparencia republicana' está al servicio de cualquier cosa -en especial de una alianza con privatizadores y enemigos de los derechos sociales. Una alianza de este tipo en la Ciudad y en la Provincia sería, sin embargo, algo más que un acuerdo electoral: equivaldría a un gobierno en espera. "La orden de que la oposición se una, informa Crítica (25/1), partió a fin de año de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el selecto club que integran los jefes de las mayores firmas del país". Una conspiración en regla.

Clarín, de nuevo, ha puesto en marcha una campaña para que Kirchner busque un acuerdo con el FMI, a sabiendas de que el gabinete se encuentra dividido sobre la cuestión. Massa y Boudou, fogoneados por Alberto Fernández, son partidarios del acuerdo. La Nación dice que sería un pacto con "el FMI de Obama" (¡qué tranquilidad!), y conforma al gobierno con la observación de que gran parte de la tarea ya estaría hecha, porque las minidevaluaciones del peso ya han producido una gran devaluación del 15 por ciento en seis meses. El domingo pasado, Clarín se jugó con todo en un editorial: "Es necesario considerar con realismo y sin anteojeras ideológicas, la posibilidad, QUE YA SE ANALIZA EN DESPACHOS OFICIALES, de volver a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional". Es casi un ultimátum, que viene acompañado con el planteo de que "la oposición... tiene un papel decisivo a cumplir". "Siempre se puede maquillar el viraje", se alegra el privatizador Miguel Kiguel, quien de paso advierte "que ahora se trata del ‘Fondo de Obama', y no el de Bush" (La Nación, 25/1). La burguesía argentina no quiere el financiamiento de la Anses sino el del FMI.

Los ajetreos por las elecciones parlamentarias de octubre esconden, por lo que se ve, otras intenciones, pues un acuerdo con el FMI sería esencialmente un pacto para devaluar, ‘recomponer' tarifas (que dejarían chiquito el tarifazo reciente) y congelar salarios. La UIA ya ha recomendado a sus socios no mentar el tema salarial hasta marzo (dejar que Moyano hable solo), para cuando prevé que estará definida la decisión de traer de nuevo al FMI. Pero semejante acuerdo con el Fondo cambiaría todas las relaciones de fuerza actuales, y precipitaría un cambio en el gobierno o el cambio de gobierno. La oposición patronal tiene un ojo puesto en esta perspectiva.

En esta misma línea hay que entender el pronunciamiento concertado de Schiaretti y Binner, por un lado, y de la Coalición Cívica y la UCR, por el otro, para que el gobierno suspenda las retenciones a las exportaciones de soja y libere el resto de las exportaciones agropecuarias. Lo hacen a sabiendas de que ello provocaría un colapso fiscal, y sin importarles que sirva como premio a los capitalistas que tienen retenidas o acaparadas ocho millones de toneladas de soja. Una derogación de las retenciones es, por lo tanto, inviable - lo que están reclamando es una devaluación lisa y llana que compense a los sojeros por las retenciones.

El gobierno ‘resiste' a estas presiones con concesiones crecientes a los capitalistas. Por un lado sigue devaluando, por el otro renegocia la deuda pública pagando un mayor costo en concepto de intereses. Está desvalijando a la Anses para financiar a pulpos como la cementera Minetti, y ha abierto una línea de créditos a las exportadoras de cereales. El Ministerio de Trabajo, por su parte, avala los despidos y suspensiones, como está ocurriendo en la industria automotriz de Córdoba y en Villa Constitución y Rosario; ataca al cuerpo de delegados del Subte y rechaza los reclamos de los trabajadores de la vaciada Indugraf. Está planteando que las paritarias no se convoquen o que no discutan salarios. Ha producido un tarifazo para que las empresas de servicios paguen sus deudas con el exterior, o sea que siga la fuga de capitales. Se prepara para alcanzar un acuerdo con los bonistas que no entraron en el canje de deuda de 2004, y para pagar al Club de París la deuda fraudulenta estatizada por Cavallo y por Alfonsín. Sostiene que, de este modo, neutraliza la presión para ir al FMI, cuando en realidad está preparando las condiciones para ello, mientras cumple la función de descargar los costos de la crisis sobre los trabajadores.

El tema es muy simple: los países periféricos están sufriendo un enorme drenaje de dinero porque los capitalistas internacionales necesitan saldar deudas que la crisis impide refinanciar, y porque otros capitalistas, que saben de esto, están especulando a la devaluación de las monedas. Esto se percibe con claridad en Rusia, donde las mini-devaluaciones han fracasado para contener la crisis: el rublo se ha devaluado un 35 por ciento y está a punto de quebrarse por completo. Putin enfrenta una crisis extrema. Lo mismo ocurre en todos los países del Báltico y de Europa oriental, y algo similar afecta a Brasil. Aunque el gobierno junte las monedas para pagar la deuda, no puede frenar el proceso de la crisis capitalista ni el derrumbe financiero de las periferias. Incluso Gran Bretaña se encuentra al borde de la cesación de pagos y discute el recurso al FMI. Es necesario advertir, sin embargo, que el Fondo no tiene condiciones para proteger a ninguna nación de la debacle financiera.

Es necesario enfrentar simultáneamente la política de tarifazos y despidos del gobierno, el vaciamiento del Indec y la política de congelar salarios, la complicidad con la fuga de capitales, por un lado, y la conspiración de la oposición de centro-derecha-izquierda y de todo el arco sojero, para responder a la crisis con un acuerdo con el FMI.

La iniciativa política del gobierno, a partir de la reestatización de las AFJP, ha menguado y vuelve a pasar a la oposición sojera y fondomonetarista, que se apresta a cortar rutas y a impulsar una mayor salida de capitales. Los trabajadores se encuentran aprisionados en el callejón sin salida del gobierno, por la responsabilidad de la CGT y de la CTA y de todo el piquetruchismo y progresismo kirchneristas, que creen que con esta política llegan a octubre y que encima pueden empatar las elecciones.

Tenemos que poner el centro en la lucha contra los despidos y suspensiones, y contra el tarifazo, y por la defensa de las paritarias y los aumentos salariales, y sobre esta base exigir a la CGT y a la CTA un plan de lucha. Asimismo, denunciar que la política del gobierno descarga la crisis capitalista sobre los trabajadores y que junto con la oposición busca crear las condiciones para una entrega al FMI. De este modo, los trabajadores podremos desarrollar una iniciativa política frente a la crisis y la posibilidad de la lucha por un gobierno de trabajadores.

Jorge Altamira

HAY REBELION CONTRA EL TARIFAZO

Una rebelión contra el aumento de las tarifas de luz se está produciendo en estas horas en el Gran Buenos Aires.

En Tigre, en San Fernando, en Lanús, en Pilar, en La Matanza, se organizan y desenvuelven movilizaciones populares cada vez más intensas.

La consigna que las unifica es la derogación total del tarifazo. Los vecinos marcharon a la residencia presidencial de Olivos el pasado viernes y volverán a hacerlo el próximo viernes, a partir de las 18 horas.

Las barriadas obreras han comprobado que no es cierto que el tarifazo afecta sólo a los "grandes consumidores".

Los consumos por encima de los 1.000 KWH incluyen las dos terceras partes de la clase obrera.

¿Cuántas familias abarrotan en un mismo hogar porque sus hijos casados no tienen vivienda?

¿Cuántas familias que carecen de agua potable tienen que apelar a un motor para sacar agua de un pozo usando bastante más que los 1.000 KWH puestos como límite?

¿Pero acaso no está la "tarifa social"? "Del millón y medio de personas que percibirán aumentos, solo 31.000 usuarios tienen la tarifa social", informa Clarín (23/1).

Además ha subido el transporte y el peaje, y se viene el aumento del agua.

La decisión de los aumentos obedece a dos causas: juntar las monedas para el pago de la deuda externa y satisfacer el reclamo de las distribuidoras privadas, que de lo contrario han amenazado con ir al 'default' con sus deudas externas.

Hagamos nuestra la consigna de los vecinos: "derogación total del aumento de tarifas de luz" la exención del pago para todo trabajador desocupado y jubilado.

Constituyamos asambleas populares en cada barrio para organizar la movilización por cada uno de los reclamos de la población trabajadora.

Que la crisis la paguen los capitalistas.

Macri ataca, la Villa 31 lucha

El viernes 23 de enero, vecinos y referentes de organizaciones sociales denunciaron que varios punteros de la villa tenían un "pacto de silencio" con el macrismo para dejar pasar las demoliciones. Mientras se llevaba a cabo la agitación, un grupo de matones, junto a esos punteros, agredieron a trompadas a los vecinos y le cortaron la cara a una de ellas. Esto provocó indignación generalizada y en pocos minutos se autoconvocó una asamblea de más de 200 personas.

El episodio ocurrió en una de las seis entradas que están custodiadas por la Policía Federal y personeros del macrismo, que impiden el ingreso de materiales de construcción a la villa. Cuando la compañera fue a hacer la denuncia correspondiente, no se la tomaron. En contraste, al agresor lo escoltó la Federal hasta la puerta de la comisaría donde él sí pudo registrar, no otra cosa, que la reacción de elemental autodefensa que ella y el resto de los vecinos tuvieron frente a esta actitud matonil.

Desde que la jueza Cecilia de Negre diera lugar al pedido del gobierno porteño de declarar a más de 600 viviendas en peligro de derrumbe, el barrio se encuentra militarizado y se ha formado una fuerza de choque que responde a Mauricio Macri. Aunque para Aníbal Fernández el plan de "urbanización" macrista esté salido de la "cabeza de un tonto", no duda en prestar la Policía Federal para montar una zona liberada que permita la agresión a los luchadores del barrio. Es que los K y los Pro comparten los mismos objetivos para todas las villas de la Capital: meter topadora y liberar los terrenos fiscales para los mega emprendimientos hoteleros y la especulación inmobiliaria.

Párrafo aparte merece la posición tomada por Aníbal Ibarra, legislador de Diálogo por Buenos Aires y ex jefe de gobierno porteño, quien declaró "(que) por un lado, y más allá de la medida de los materiales, lo cierto es que el objetivo es positivo" (Noticias Urbanas, 23/01). Este autodenominado "progre" cierra filas así con los lineamientos generales del reaccionario armado de Macri. No es de extrañar si se recuerda que la cúpula de la Corporación del Sur, nido de la patria contratista de la Capital Federal, está en manos de ex funcionarios ibarristas.

El gobierno nacional, el jefe de Gobierno porteño y todo el arco "progre" saben que para llevar adelante sus negociados, necesitan amedrentar y dividir a los vecinos y sus organizaciones. Por ello han dispuesto que esta red de punteros y matones se enfrente a quienes resisten el desalojo de un barrio, en el que muchos de sus habitantes viven hace más de 30 años. Los habitantes de la Villa 31 siguen en estado de deliberación permanente, la disposición a la lucha está intacta y crece fogoneada por la violencia del gobierno y sus punteros.

• No a la militarización de la Villa 31. Denunciamos el Pacto Kirchner-Ibarra-Macri para desalojar la Villa 31 y la 31 bis.
• Fuera los punteros de Macri y Kirchner de la Villa. Organicemos un cuerpo de delegados por manzana, independiente de los partidos patronales, que defienda los intereses de los trabajadores y vecinos del barrio.

Eduardo / Carla

HAY EN MARCHA UN PLAN PARA HACERNOS PAGAR LA CRISIS

La extorsión que el Ministerio de Trabajo pretende imponer a los obreros de Paraná Metal, reúne los elementos fundamentales del plan del gobierno y su ‘burguesía nacional' frente a la crisis capitalista.

La patronal quebrada de Paraná Metal será reemplazada por un interventor designado por el gobierno, pero que no es otro que un accionista de Acindar, Arturo Acevedo - del palo del kirchnerismo y un asociado de la Belga Mineiro.

La función de Acevedo es presidir el desguace de Paraná Metal, notoriamente obsoleta, para entregarla a un ‘inversor' ya digitado, Carlos Leone, que la comprará a precio de remate.

El desguace principal afectará a la fuerza de trabajo, pues los salarios serán primero reducidos y luego congelados; una parte de la remuneración será pagada por el Estado; un elevado número de trabajadores quedará suspendido, con el cobro del 70 por ciento de sus sueldos básicos (no de bolsillo).

Este plan, si logra quebrar la resistencia de los trabajadores, que es lo que esperan los funcionarios y la burocracia sindical de la CTA, sería el modelo para la ‘solución' de los otros conflictos por despidos provocados por la bancarrota capitalista.

Los conflictos principales atañen a Siderar, del pulpo Techint, y próximamente a Aluar, el pulpo del aluminio; en conjunto se prevé el despido de los contratados, suspensiones y reducción de los salarios

En Iveco, Renault y Volkswagen, en Córdoba, las suspensiones de trabajadores han sido prorrogadas, con el cobro del 70 por ciento sobre el básico.

Pero estas salidas apuntan más alto: pues suponen la reducción y/o el congelamiento de los salarios de todos los trabajadores de Argentina.

Si los José Rodríguez y los Alberto Piccinnini firman acuerdos de reducción y congelamiento salarial, o suspensiones por el 70 por ciento del salario corriente de un trabajador, ¿de qué aumento de salarios están hablando los Moyano, los Yasky o los De Gennaro?

El mazazo contra Paraná Metal anuncia una política de desvalorización salarial generalizada para el conjunto de todos trabajadores - que las patronales y el gobierno justificarán, como lo hacen en Paraná Metal, con el argumento de ‘la crisis'.

El plan apunta también contra los jubilados, a los que se promete para marzo un aumento del 11 por ciento, cuando de acuerdo a los parámetros de la reciente ley, no debería bajar del 16-18 por ciento.

¿De qué reactivación hablan los chirolitas del oficialismo, toda vez que están promoviendo la rebaja de los salarios y las suspensiones, y por lo tanto una caída espectacular del consumo personal?

Ningún plan de obras públicas puede compensar una reducción salarial, porque mientras la reducción del salario afecta al consumo de forma inmediata, la obra pública demora largos meses en tironear la demanda.

¿O el gobierno quiere financiar los negocios de la plata contratista con los salarios de 2002?

La desvalorización de los salarios y de las jubilaciones también están inscriptas en el plan que fogonean los Carrió, Buzzi, Sola, Reutemann, Duhalde, Macri, con la complicidad del matrimonio oficial, para devaluar el peso y volver a los planes del FMI.

Como los Bush, los Obama o los Sarkozy, los Kirchner (y los opositores patronales) están empeñados en rescatar al capital, responsable de la crisis, no a los trabajadores, que deberán pagar con su sacrificio el salvataje imposible del capitalismo.

Porque cualquiera que haya visto los noticiarios de TV, se habrá enterado que la banca mundial quebró - ‘finito'; está sostenida por el pulmotor de la emisión monetaria y el subsidio fiscal, o sea al borde de la nacionalización.

El sacrificio de los trabajadores en beneficio del capital es inútil, no resolverá la crisis sino que hundirá más a la producción; en esto consiste el impasse histórico que trae aparejado la bancarrota capitalista mundial.

No hay que rescatar al capital, sino que hay que rescatar, del capital, a los trabajadores, a la sociedad, al parque industrial.

No permitamos ninguna suspensión, ningún despido, ninguna rebaja salarial.

Que se repartan las horas de trabajo al cien por cien del salario; que el personal afectado por una reconversión reciba un seguro de desempleo, sea contratado o permanente, por el cien por cien del salario; que se establezca un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y que se destine la recaudación fiscal al 82% móvil para las jubilaciones y no al pago de la deuda externa; que las paritarias discutan los salarios y condiciones de trabajo con delegados elegidos en asambleas.

Podemos asegurar estas reivindicaciones, si en lugar de dilapidar los recursos para salvar al capitalismo tomamos los recursos que el capitalismo no quiere ni puede poner a trabajar, para un plan de desarrollo nacional.

Esto plantea la nacionalización sin compensación de los bancos, los monopolios comerciales y las empresas que cierran o suspendan, bajo control de los trabajadores.

Está en bancarrota el capitalismo, no la humanidad; rescatemos los recursos de la humanidad, sus posibilidades, su cultura y su tecnología de las manos del capital, y pongámoslos al servicio de la gran mayoría.

La sequía - realidad y verso

La sequía que afecta a una gran parte del territorio nacional se ha convertido en un buen motivo para agudizar la crisis de la política económica oficial, y para acelerar la crisis política. La Mesa de Enlace de la soja se ha puesto nuevamente al frente de la disputa, y reclama nada menos que la eliminación de las retenciones a la exportación de soja. No son necesarias muchas luces para advertir que esa eliminación no va a suprimir la sequía, ni devolverle al suelo las condiciones para tornarlo productivo. Simplemente, le convendría a los patrones de la soja, que pasarían a vender las ocho millones de toneladas que aún tienen retenidas de la cosecha anterior, algo así como un beneficio extra de 2.500 millones de pesos. Si la sequía los está afectando financieramente, ¿por qué no venden el producto retenido y cancelan de ese modo las deudas que tengan con sus proveedores, los salarios atrasados y sus cuentas de casino? En lo que atañe a los pequeños productores que se encuentren sin recursos ni mercaderías acaparadas, el Estado debería proveerles los medios para su subsistencia familiar por todo el tiempo que sea necesario, pero de ningún modo reducirles el impuesto a la soja, que no tiene nada que ver con la sequía ni tampoco le pone remedio.

En un sistema capitalista, las catástrofes naturales están contempladas en los sistemas de seguros respectivos. Pero los capitalistas del campo y los terratenientes no quieren pagar la prima de esos seguros, sino que el Estado los subsidie mediante la declaración de la situación de emergencia, y si están asegurados quieren cobrar dos veces. Tampoco dicen que la legislación agraria argentina ofrece una suerte de seguro natural para los terratenientes, porque admite la prórroga de contratos de deuda cuando se hayan producido situaciones excepcionales que afecten la producción. La oligarquía está más protegida que el oso en la nieve. La sequía (o las inundaciones y las heladas) es un drama, en cambio, para los trabajadores, que ven aumentar los precios de los productos básicos, o para los productores con muy poco capital, pero no para los capitalistas -que son recompensados por los aumentos de precios y que pueden gozar de la cobertura de un seguro para el caso. De hecho, el precio internacional de la soja aumentó en el mercado internacional como consecuencia de la expectativa de una menor cosecha de Argentina por la sequía.

Los sojeros quieren cobrar, pero no quieren pagar cuando corresponde. La Nación del sábado pasado ha dejado muy en claro los perjuicios que la soja ocasiona al suelo, en especial porque agrava las consecuencias de la sequía. El remedio, la rotación de los cultivos, no se aplica de un modo general - al revés, otros granos y la ganadería han sido desplazados por el cultivo obsesivo de soja. Ahora los sojeros buscan resarcimiento cuando le deberían pagar al país una indemnización por daños ambientales y productivos. La sequía se ha convertido incluso en un gran negocio para el sector que provee alimento para el ganado, el cual están acaparando para venderlo luego a precios confiscatorios. Este hecho denuncia que la mortandad de ganado es la consecuencia de la especulación capitalista y de la incapacidad del Estado, pues la salida es llevar al ganado de pastoreo a la alimentación de corral o anticipar su venta cuando corresponda. La mortandad de ganado de pastoreo beneficia a los que alimentan en corrales, porque obtienen la materia prima a precio de liquidación y porque luego se beneficiarán con el alza del precio de la carne. La provisión de granos forrajeros debe asegurarse especialmente para la lechería, cuya producción tiene una prioridad social. El duopolio SanCor-Mastellone (con los cuales operan Danone y Nestlé en el lucrativo negocio de la leche en polvo) se encuentra en crisis como consecuencia de un elevado endeudamiento en dólares, y pretende salir estrangulando a consumidores y pequeños productores. Lo que hay que hacer es nacionalizar a estos monopolios y ponerlos bajo control de los trabajadores, y hacerlos responsables por su deuda impagable.

Como se ve, la sequía no ofrece ninguna razón para compensar o subsidiar a capitalistas, ni para premiarlos con un super-beneficio, como sería la eliminación de las retenciones. Mucho menos en el marco del derrumbe capitalista mundial y de la crisis industrial argentina, que exige que los recursos fiscales se apliquen a la defensa económica y social de los trabajadores. La campaña para eliminar las retenciones (que apoya todo el arco opositor patronal y buena parte del oficialismo) se inscribe en un propósito más amplio: devaluar el peso y meterle al país un acuerdo con el FMI. Este objetivo ha politizado a la sequía y la convierte en un factor de aceleración de la crisis política.

El gobierno tiene todo esto absolutamente claro, por eso trata de comprar la buena voluntad de los capitalistas para que no lo derriben. Cristina viaja a Venezuela para conseguirle una indemnización a Techint; Tomada arma un plan con la patronal siderúrgica y la burocracia de la CTA para imponer un plan de reducción de salarios en Paraná Metal y para poner en marcha el desguace de la planta. Pero el negocio principal de la semana es el canje de los préstamos garantizados que los bancos tienen inmovilizados desde los tiempos de Cavallo, por nuevos bonos que gozarán de una gran posibilidad de compra-venta y que pagarán tasas de interés que arrancan en el 16% pero no tienen techo, fluctúan con la situación monetaria. Son superiores a la inflación prevista y, en el caso de una corrida contra el peso, esas tasas se irían por las nubes. El gobierno logra con el canje postergar pagos en 2009-10 para el 2012-15, a un costo fiscal elevado. Una nueva hipoteca usuraria para poder sobrevivir. Esto no es un plan contra la crisis.

En realidad, el tsunami está a las puertas; el veranito noviembre-enero es cosa del pasado. Los bancos de Estados Unidos y Europa se están declarando en quiebra, y nada de lo que hagan los gobiernos (por ejemplo, nacionalizarlos) servirá para mantener una suerte de estabilidad en los llamados países emergentes. La onda llegará a Argentina previo paso por Brasil y México, cuyas bolsas y monedas cayeron fuerte en la semana en curso. ¿Hay una salida? Hay, como dicen en Brasil. Es la que venimos exponiendo sistemáticamente en Prensa Obrera y que desarrollamos en el artículo de tapa de esta edición.

Jorge Altamira

Por el juicio político a Macri

La Boca se movilizó a Jefatura

El miércoles 14, unos 2.000 vecinos de La Boca se movilizaron a la Jefatura de Gobierno para exigir el juicio y el castigo a todos los funcionarios responsables de la muerte de los seis chicos en el incendio que se produjo en la madrugada del sábado 10 y una solución inmediata para todas las familias afectadas.

El Polo Obrero y el Partido Obrero organizaron una gran campaña en el barrio, planteando el juicio político a Macri por ser el responsable de esta tragedia, y explicaron la necesidad de una comisión investigadora independiente del estado. Denunciamos que el gobierno de Ibarra tapo las bocas de agua y que todos los días se producen incendios, que hoy utiliza el gobierno de Macri como una forma asesina de desalojar.

Resaltamos que este incendio es el Cromañon de Macri y que es necesario que lo echemos para acabar con la política, iniciada por los progresistas y seguida por el gobierno actual, de expulsión de los trabajadores de la Ciudad.

El lunes previo a la marcha se había realizado una asamblea convocada por las organizaciones kirchneristas de La Boca. Pretendieron echar por tierra las resoluciones aprobadas el día anterior en la asamblea autoconvocada por los vecinos. Presentaron un petitorio lavado, que se remitía al barrio de La Boca (cuando los autoconvocados querían hacerlo extensivo a todo el problema habitacional de la Ciudad). No reclamaban presupuesto y hacia hincapie en la "contención" de las familias afectadas por el incendio. Encima, reclamaban una comisión investigadora a cargo del mismo gobierno.

El descontento de los vecinos apoyó la intervención del Partido Obrero, que propuso que se incorporaran dos consignas claves, votadas el día anterior: el juicio politico a Macri y a todos los funcionarios responsables, y la investigación a cargo de una comisión integrada por vecinos y organizaciones barriales independientes del estado y del gobierno.

No sólo se negaron a incluir estas consignas; además quisieron dividir la movilización: convocaron a movilizarse a las 13 horas, a sabiendas de que los autoconvocados ya habían llamado a una movilización para las 16 horas (para que participaran todos los vecinos que trabajaban).

Después de varias intervenciones y el aplauso rotundo de los autoconvocados, se vieron obligados a incluir las consignas.

El día miércoles, se concentro la movilización en Brown y Suárez; participaron la agrupación Aukache (cuyo referente fue candidato para Telerman); el MTL/PC; el PO, la Cooperativa de vivienda "Los Titiriteros", de Barrios de Pie; algunos compañeros del CAS. El comedor Los Pibes casi no movilizó. El MUP llevó una enorme bandera, con 10 personas. Unos 100 vecinos que se sumaron a la movilización.

Aunque no habían llevado a casi nadie, cuando la columna llegó a la Jefatura de Gobierno, los kirchneristas se apresuraron a monopolizar la delegación que entregó el petitorio firmado por los vecinos. A la salida de la Jefatura, la comisión informó que el diputado Diego Kravetz iba a hacer un pedido de informe. Esto puso en evidencia la aparateada de estas organizaciones.

Los vecinos autoconvocados resolvieron seguir en asamblea permanente, todos los sábados a las 18.30 horas en la esquina de Brown y Suárez, porque está todavía pendiente el juicio penal y politico a Macri y sus secuaces.

Norma (La Boca) / L. F

Villa 31: La urbanización de Macri es el desalojo

El Gobierno de la Ciudad realizó un relevamiento secreto y presentó una denuncia penal en octubre del año pasado, afirmando que 600 construcciones corren peligro de derrumbe. La villa tiene seis salidas y la Justicia nacional, por medio de la jueza Cecilia de Negro, ordenó que se establezcan controles de la Policía Federal para impedir que ingresen materiales de construcción. El sábado 10, la policía reprimió salvajemente una ocupación de tierras que se produjo en los terrenos del ferrocarril San Martín y terminó en el incendio de un par de galpones.

El gobierno de Macri tiene una política: achicar la 31; en eso consiste su "urbanización". Pretende meter topadora y derrumbar casas sin reparar a dónde van a vivir los que hoy viven ahí.

El lunes 19, tras los anuncios de Macri de empezar con las demoliciones de 50 de las 600 viviendas, los vecinos intentaron cortar la salida de micros de la terminal de Retiro. Esta acción fue impedida por la saturación de fuerzas de Infantería. El Gobierno de la Ciudad, con el respaldo la policía de Kirchner, anunció que no permitirá ningún corte. Los vecinos han salido del escepticismo fomentado por los punteros patronales, que durante más de un año dijeron "acá no pasa nada". Para llevar adelante esa orientación cuentan con un grupo de delegados con mandato vencido, que acordaron que se tiren abajo esas viviendas.

El gobierno nacional presta el apoyo necesario para que Macri siga adelante con esta política lo hace no sólo con la Federal, también con la acción de sus punteros que se subordinan a los lineamientos macristas.

Mientras tanto, en el barrio, las organizaciones independientes del Estado, como el Polo Obrero, damos una lucha día a día para lograr la elección por manzana de nuevos delegados que representen los intereses de los vecinos, para lograr un censo y para lograr la urbanización definitiva de todos los que hoy viven en la 31.

Las reuniones con el ministro de Espacios Públicos han sido estériles. El gobierno pasó a ofrecer un plan llamado "Calle 9", que lo único que contempla es la parquización de una calle central, muy lejos de la urbanización y el tendido de luz, agua y cloacas que los vecinos reclaman.

Es necesario reanudar las asambleas por sector para discutir una salida a los intentos de expulsión de la 31:

* Ninguna demolición en la 31 y 31 bis.

* Refacción de las viviendas a cargo del Estado.

* Censo del 100% de los vecinos e inquilinos de la 31 y 31 bis.

* Por la urbanización de la 31 y 31 bis bajo control de las organizaciones sociales y vecinos electos.

Los vecinos de la 31 y 31 bis lucharemos por la urbanización y la radicación definitiva. Queremos que nuestro barrio sea armónico con el resto de la Capital; queremos una ciudad para los trabajadores, no para la especulación inmobiliaria de los Macri/Kirchner.

L.F. / Maximiliano Martin