HACIA LA CONFERENCIA SINDICAL DEL PARTIDO OBRERO
14 DE NOVIEMBRE, Fac. Cs. Sociales -sede Ramos-

El próximo 14 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales -sede de Ramos Mejía-, tendrá lugar una conferencia sindical convocada por el Partido Obrero, en la que participarán delegados e invitados de todas las provincias y de todas las concentraciones industriales de Argentina. En sus objetivos figura encarar las campañas que reclama la situación actual de la crisis capitalista y de las luchas, pero su objetivo de fondo es desarrollar una discusión sobre la estrategia de los luchadores sindicales.

viernes, 30 de enero de 2009

HAY REBELION CONTRA EL TARIFAZO


Una rebelión contra el aumento de las tarifas de luz se está produciendo en estas horas en el Gran Buenos Aires.

En Tigre, en San Fernando, en Lanús, en Pilar, en La Matanza, se organizan y desenvuelven movilizaciones populares cada vez más intensas.

La consigna que las unifica es la derogación total del tarifazo. Los vecinos marcharon a la residencia presidencial de Olivos el pasado viernes y volverán a hacerlo el próximo viernes, a partir de las 18 horas.

Las barriadas obreras han comprobado que no es cierto que el tarifazo afecta sólo a los "grandes consumidores".

Los consumos por encima de los 1.000 KWH incluyen las dos terceras partes de la clase obrera.

¿Cuántas familias abarrotan en un mismo hogar porque sus hijos casados no tienen vivienda?

¿Cuántas familias que carecen de agua potable tienen que apelar a un motor para sacar agua de un pozo usando bastante más que los 1.000 KWH puestos como límite?

¿Pero acaso no está la "tarifa social"? "Del millón y medio de personas que percibirán aumentos, solo 31.000 usuarios tienen la tarifa social", informa Clarín (23/1).

Además ha subido el transporte y el peaje, y se viene el aumento del agua.

La decisión de los aumentos obedece a dos causas: juntar las monedas para el pago de la deuda externa y satisfacer el reclamo de las distribuidoras privadas, que de lo contrario han amenazado con ir al 'default' con sus deudas externas.

Hagamos nuestra la consigna de los vecinos: "derogación total del aumento de tarifas de luz" la exención del pago para todo trabajador desocupado y jubilado.

Constituyamos asambleas populares en cada barrio para organizar la movilización por cada uno de los reclamos de la población trabajadora.

Que la crisis la paguen los capitalistas.

Macri ataca, la Villa 31 lucha

El viernes 23 de enero, vecinos y referentes de organizaciones sociales denunciaron que varios punteros de la villa tenían un "pacto de silencio" con el macrismo para dejar pasar las demoliciones. Mientras se llevaba a cabo la agitación, un grupo de matones, junto a esos punteros, agredieron a trompadas a los vecinos y le cortaron la cara a una de ellas. Esto provocó indignación generalizada y en pocos minutos se autoconvocó una asamblea de más de 200 personas.

El episodio ocurrió en una de las seis entradas que están custodiadas por la Policía Federal y personeros del macrismo, que impiden el ingreso de materiales de construcción a la villa. Cuando la compañera fue a hacer la denuncia correspondiente, no se la tomaron. En contraste, al agresor lo escoltó la Federal hasta la puerta de la comisaría donde él sí pudo registrar, no otra cosa, que la reacción de elemental autodefensa que ella y el resto de los vecinos tuvieron frente a esta actitud matonil.

Desde que la jueza Cecilia de Negre diera lugar al pedido del gobierno porteño de declarar a más de 600 viviendas en peligro de derrumbe, el barrio se encuentra militarizado y se ha formado una fuerza de choque que responde a Mauricio Macri. Aunque para Aníbal Fernández el plan de "urbanización" macrista esté salido de la "cabeza de un tonto", no duda en prestar la Policía Federal para montar una zona liberada que permita la agresión a los luchadores del barrio. Es que los K y los Pro comparten los mismos objetivos para todas las villas de la Capital: meter topadora y liberar los terrenos fiscales para los mega emprendimientos hoteleros y la especulación inmobiliaria.

Párrafo aparte merece la posición tomada por Aníbal Ibarra, legislador de Diálogo por Buenos Aires y ex jefe de gobierno porteño, quien declaró "(que) por un lado, y más allá de la medida de los materiales, lo cierto es que el objetivo es positivo" (Noticias Urbanas, 23/01). Este autodenominado "progre" cierra filas así con los lineamientos generales del reaccionario armado de Macri. No es de extrañar si se recuerda que la cúpula de la Corporación del Sur, nido de la patria contratista de la Capital Federal, está en manos de ex funcionarios ibarristas.

El gobierno nacional, el jefe de Gobierno porteño y todo el arco "progre" saben que para llevar adelante sus negociados, necesitan amedrentar y dividir a los vecinos y sus organizaciones. Por ello han dispuesto que esta red de punteros y matones se enfrente a quienes resisten el desalojo de un barrio, en el que muchos de sus habitantes viven hace más de 30 años. Los habitantes de la Villa 31 siguen en estado de deliberación permanente, la disposición a la lucha está intacta y crece fogoneada por la violencia del gobierno y sus punteros.

  • No a la militarización de la Villa 31. Denunciamos el Pacto Kirchner-Ibarra-Macri para desalojar la Villa 31 y la 31 bis.
  • Fuera los punteros de Macri y Kirchner de la Villa. Organicemos un cuerpo de delegados por manzana, independiente de los partidos patronales, que defienda los intereses de los trabajadores y vecinos del barrio.

Eduardo / Carla

viernes, 23 de enero de 2009

HAY EN MARCHA UN PLAN PARA HACERNOS PAGAR LA CRISIS


La extorsión que el Ministerio de Trabajo pretende imponer a los obreros de Paraná Metal, reúne los elementos fundamentales del plan del gobierno y su ‘burguesía nacional' frente a la crisis capitalista.

La patronal quebrada de Paraná Metal será reemplazada por un interventor designado por el gobierno, pero que no es otro que un accionista de Acindar, Arturo Acevedo - del palo del kirchnerismo y un asociado de la Belga Mineiro.

La función de Acevedo es presidir el desguace de Paraná Metal, notoriamente obsoleta, para entregarla a un ‘inversor' ya digitado, Carlos Leone, que la comprará a precio de remate.

El desguace principal afectará a la fuerza de trabajo, pues los salarios serán primero reducidos y luego congelados; una parte de la remuneración será pagada por el Estado; un elevado número de trabajadores quedará suspendido, con el cobro del 70 por ciento de sus sueldos básicos (no de bolsillo).

Este plan, si logra quebrar la resistencia de los trabajadores, que es lo que esperan los funcionarios y la burocracia sindical de la CTA, sería el modelo para la ‘solución' de los otros conflictos por despidos provocados por la bancarrota capitalista.

Los conflictos principales atañen a Siderar, del pulpo Techint, y próximamente a Aluar, el pulpo del aluminio; en conjunto se prevé el despido de los contratados, suspensiones y reducción de los salarios

En Iveco, Renault y Volkswagen, en Córdoba, las suspensiones de trabajadores han sido prorrogadas, con el cobro del 70 por ciento sobre el básico.

Pero estas salidas apuntan más alto: pues suponen la reducción y/o el congelamiento de los salarios de todos los trabajadores de Argentina.

Si los José Rodríguez y los Alberto Piccinnini firman acuerdos de reducción y congelamiento salarial, o suspensiones por el 70 por ciento del salario corriente de un trabajador, ¿de qué aumento de salarios están hablando los Moyano, los Yasky o los De Gennaro?

El mazazo contra Paraná Metal anuncia una política de desvalorización salarial generalizada para el conjunto de todos trabajadores - que las patronales y el gobierno justificarán, como lo hacen en Paraná Metal, con el argumento de ‘la crisis'.

El plan apunta también contra los jubilados, a los que se promete para marzo un aumento del 11 por ciento, cuando de acuerdo a los parámetros de la reciente ley, no debería bajar del 16-18 por ciento.

¿De qué reactivación hablan los chirolitas del oficialismo, toda vez que están promoviendo la rebaja de los salarios y las suspensiones, y por lo tanto una caída espectacular del consumo personal?

Ningún plan de obras públicas puede compensar una reducción salarial, porque mientras la reducción del salario afecta al consumo de forma inmediata, la obra pública demora largos meses en tironear la demanda.

¿O el gobierno quiere financiar los negocios de la plata contratista con los salarios de 2002?

La desvalorización de los salarios y de las jubilaciones también están inscriptas en el plan que fogonean los Carrió, Buzzi, Sola, Reutemann, Duhalde, Macri, con la complicidad del matrimonio oficial, para devaluar el peso y volver a los planes del FMI.

Como los Bush, los Obama o los Sarkozy, los Kirchner (y los opositores patronales) están empeñados en rescatar al capital, responsable de la crisis, no a los trabajadores, que deberán pagar con su sacrificio el salvataje imposible del capitalismo.

Porque cualquiera que haya visto los noticiarios de TV, se habrá enterado que la banca mundial quebró - ‘finito'; está sostenida por el pulmotor de la emisión monetaria y el subsidio fiscal, o sea al borde de la nacionalización.

El sacrificio de los trabajadores en beneficio del capital es inútil, no resolverá la crisis sino que hundirá más a la producción; en esto consiste el impasse histórico que trae aparejado la bancarrota capitalista mundial.

No hay que rescatar al capital, sino que hay que rescatar, del capital, a los trabajadores, a la sociedad, al parque industrial.

No permitamos ninguna suspensión, ningún despido, ninguna rebaja salarial.

Que se repartan las horas de trabajo al cien por cien del salario; que el personal afectado por una reconversión reciba un seguro de desempleo, sea contratado o permanente, por el cien por cien del salario; que se establezca un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y que se destine la recaudación fiscal al 82% móvil para las jubilaciones y no al pago de la deuda externa; que las paritarias discutan los salarios y condiciones de trabajo con delegados elegidos en asambleas.

Podemos asegurar estas reivindicaciones, si en lugar de dilapidar los recursos para salvar al capitalismo tomamos los recursos que el capitalismo no quiere ni puede poner a trabajar, para un plan de desarrollo nacional.

Esto plantea la nacionalización sin compensación de los bancos, los monopolios comerciales y las empresas que cierran o suspendan, bajo control de los trabajadores.

Está en bancarrota el capitalismo, no la humanidad; rescatemos los recursos de la humanidad, sus posibilidades, su cultura y su tecnología de las manos del capital, y pongámoslos al servicio de la gran mayoría.

La sequía - realidad y verso



La sequía que afecta a una gran parte del territorio nacional se ha convertido en un buen motivo para agudizar la crisis de la política económica oficial, y para acelerar la crisis política. La Mesa de Enlace de la soja se ha puesto nuevamente al frente de la disputa, y reclama nada menos que la eliminación de las retenciones a la exportación de soja. No son necesarias muchas luces para advertir que esa eliminación no va a suprimir la sequía, ni devolverle al suelo las condiciones para tornarlo productivo. Simplemente, le convendría a los patrones de la soja, que pasarían a vender las ocho millones de toneladas que aún tienen retenidas de la cosecha anterior, algo así como un beneficio extra de 2.500 millones de pesos. Si la sequía los está afectando financieramente, ¿por qué no venden el producto retenido y cancelan de ese modo las deudas que tengan con sus proveedores, los salarios atrasados y sus cuentas de casino? En lo que atañe a los pequeños productores que se encuentren sin recursos ni mercaderías acaparadas, el Estado debería proveerles los medios para su subsistencia familiar por todo el tiempo que sea necesario, pero de ningún modo reducirles el impuesto a la soja, que no tiene nada que ver con la sequía ni tampoco le pone remedio.

En un sistema capitalista, las catástrofes naturales están contempladas en los sistemas de seguros respectivos. Pero los capitalistas del campo y los terratenientes no quieren pagar la prima de esos seguros, sino que el Estado los subsidie mediante la declaración de la situación de emergencia, y si están asegurados quieren cobrar dos veces. Tampoco dicen que la legislación agraria argentina ofrece una suerte de seguro natural para los terratenientes, porque admite la prórroga de contratos de deuda cuando se hayan producido situaciones excepcionales que afecten la producción. La oligarquía está más protegida que el oso en la nieve. La sequía (o las inundaciones y las heladas) es un drama, en cambio, para los trabajadores, que ven aumentar los precios de los productos básicos, o para los productores con muy poco capital, pero no para los capitalistas -que son recompensados por los aumentos de precios y que pueden gozar de la cobertura de un seguro para el caso. De hecho, el precio internacional de la soja aumentó en el mercado internacional como consecuencia de la expectativa de una menor cosecha de Argentina por la sequía.

Los sojeros quieren cobrar, pero no quieren pagar cuando corresponde. La Nación del sábado pasado ha dejado muy en claro los perjuicios que la soja ocasiona al suelo, en especial porque agrava las consecuencias de la sequía. El remedio, la rotación de los cultivos, no se aplica de un modo general - al revés, otros granos y la ganadería han sido desplazados por el cultivo obsesivo de soja. Ahora los sojeros buscan resarcimiento cuando le deberían pagar al país una indemnización por daños ambientales y productivos. La sequía se ha convertido incluso en un gran negocio para el sector que provee alimento para el ganado, el cual están acaparando para venderlo luego a precios confiscatorios. Este hecho denuncia que la mortandad de ganado es la consecuencia de la especulación capitalista y de la incapacidad del Estado, pues la salida es llevar al ganado de pastoreo a la alimentación de corral o anticipar su venta cuando corresponda. La mortandad de ganado de pastoreo beneficia a los que alimentan en corrales, porque obtienen la materia prima a precio de liquidación y porque luego se beneficiarán con el alza del precio de la carne. La provisión de granos forrajeros debe asegurarse especialmente para la lechería, cuya producción tiene una prioridad social. El duopolio SanCor-Mastellone (con los cuales operan Danone y Nestlé en el lucrativo negocio de la leche en polvo) se encuentra en crisis como consecuencia de un elevado endeudamiento en dólares, y pretende salir estrangulando a consumidores y pequeños productores. Lo que hay que hacer es nacionalizar a estos monopolios y ponerlos bajo control de los trabajadores, y hacerlos responsables por su deuda impagable.

Como se ve, la sequía no ofrece ninguna razón para compensar o subsidiar a capitalistas, ni para premiarlos con un super-beneficio, como sería la eliminación de las retenciones. Mucho menos en el marco del derrumbe capitalista mundial y de la crisis industrial argentina, que exige que los recursos fiscales se apliquen a la defensa económica y social de los trabajadores. La campaña para eliminar las retenciones (que apoya todo el arco opositor patronal y buena parte del oficialismo) se inscribe en un propósito más amplio: devaluar el peso y meterle al país un acuerdo con el FMI. Este objetivo ha politizado a la sequía y la convierte en un factor de aceleración de la crisis política.

El gobierno tiene todo esto absolutamente claro, por eso trata de comprar la buena voluntad de los capitalistas para que no lo derriben. Cristina viaja a Venezuela para conseguirle una indemnización a Techint; Tomada arma un plan con la patronal siderúrgica y la burocracia de la CTA para imponer un plan de reducción de salarios en Paraná Metal y para poner en marcha el desguace de la planta. Pero el negocio principal de la semana es el canje de los préstamos garantizados que los bancos tienen inmovilizados desde los tiempos de Cavallo, por nuevos bonos que gozarán de una gran posibilidad de compra-venta y que pagarán tasas de interés que arrancan en el 16% pero no tienen techo, fluctúan con la situación monetaria. Son superiores a la inflación prevista y, en el caso de una corrida contra el peso, esas tasas se irían por las nubes. El gobierno logra con el canje postergar pagos en 2009-10 para el 2012-15, a un costo fiscal elevado. Una nueva hipoteca usuraria para poder sobrevivir. Esto no es un plan contra la crisis.

En realidad, el tsunami está a las puertas; el veranito noviembre-enero es cosa del pasado. Los bancos de Estados Unidos y Europa se están declarando en quiebra, y nada de lo que hagan los gobiernos (por ejemplo, nacionalizarlos) servirá para mantener una suerte de estabilidad en los llamados países emergentes. La onda llegará a Argentina previo paso por Brasil y México, cuyas bolsas y monedas cayeron fuerte en la semana en curso. ¿Hay una salida? Hay, como dicen en Brasil. Es la que venimos exponiendo sistemáticamente en Prensa Obrera y que desarrollamos en el artículo de tapa de esta edición.

Jorge Altamira

Por el juicio político a Macri

La Boca se movilizó a Jefatura

El miércoles 14, unos 2.000 vecinos de La Boca se movilizaron a la Jefatura de Gobierno para exigir el juicio y el castigo a todos los funcionarios responsables de la muerte de los seis chicos en el incendio que se produjo en la madrugada del sábado 10 y una solución inmediata para todas las familias afectadas.

El Polo Obrero y el Partido Obrero organizaron una gran campaña en el barrio, planteando el juicio político a Macri por ser el responsable de esta tragedia, y explicaron la necesidad de una comisión investigadora independiente del estado. Denunciamos que el gobierno de Ibarra tapo las bocas de agua y que todos los días se producen incendios, que hoy utiliza el gobierno de Macri como una forma asesina de desalojar.

Resaltamos que este incendio es el Cromañon de Macri y que es necesario que lo echemos para acabar con la política, iniciada por los progresistas y seguida por el gobierno actual, de expulsión de los trabajadores de la Ciudad.

El lunes previo a la marcha se había realizado una asamblea convocada por las organizaciones kirchneristas de La Boca. Pretendieron echar por tierra las resoluciones aprobadas el día anterior en la asamblea autoconvocada por los vecinos. Presentaron un petitorio lavado, que se remitía al barrio de La Boca (cuando los autoconvocados querían hacerlo extensivo a todo el problema habitacional de la Ciudad). No reclamaban presupuesto y hacia hincapie en la "contención" de las familias afectadas por el incendio. Encima, reclamaban una comisión investigadora a cargo del mismo gobierno.

El descontento de los vecinos apoyó la intervención del Partido Obrero, que propuso que se incorporaran dos consignas claves, votadas el día anterior: el juicio politico a Macri y a todos los funcionarios responsables, y la investigación a cargo de una comisión integrada por vecinos y organizaciones barriales independientes del estado y del gobierno.

No sólo se negaron a incluir estas consignas; además quisieron dividir la movilización: convocaron a movilizarse a las 13 horas, a sabiendas de que los autoconvocados ya habían llamado a una movilización para las 16 horas (para que participaran todos los vecinos que trabajaban).

Después de varias intervenciones y el aplauso rotundo de los autoconvocados, se vieron obligados a incluir las consignas.

El día miércoles, se concentro la movilización en Brown y Suárez; participaron la agrupación Aukache (cuyo referente fue candidato para Telerman); el MTL/PC; el PO, la Cooperativa de vivienda "Los Titiriteros", de Barrios de Pie; algunos compañeros del CAS. El comedor Los Pibes casi no movilizó. El MUP llevó una enorme bandera, con 10 personas. Unos 100 vecinos que se sumaron a la movilización.

Aunque no habían llevado a casi nadie, cuando la columna llegó a la Jefatura de Gobierno, los kirchneristas se apresuraron a monopolizar la delegación que entregó el petitorio firmado por los vecinos. A la salida de la Jefatura, la comisión informó que el diputado Diego Kravetz iba a hacer un pedido de informe. Esto puso en evidencia la aparateada de estas organizaciones.

Los vecinos autoconvocados resolvieron seguir en asamblea permanente, todos los sábados a las 18.30 horas en la esquina de Brown y Suárez, porque está todavía pendiente el juicio penal y politico a Macri y sus secuaces.

Norma (La Boca) / L. F

Villa 31: La urbanización de Macri es el desalojo


El Gobierno de la Ciudad realizó un relevamiento secreto y presentó una denuncia penal en octubre del año pasado, afirmando que 600 construcciones corren peligro de derrumbe. La villa tiene seis salidas y la Justicia nacional, por medio de la jueza Cecilia de Negro, ordenó que se establezcan controles de la Policía Federal para impedir que ingresen materiales de construcción. El sábado 10, la policía reprimió salvajemente una ocupación de tierras que se produjo en los terrenos del ferrocarril San Martín y terminó en el incendio de un par de galpones.

El gobierno de Macri tiene una política: achicar la 31; en eso consiste su "urbanización". Pretende meter topadora y derrumbar casas sin reparar a dónde van a vivir los que hoy viven ahí.

El lunes 19, tras los anuncios de Macri de empezar con las demoliciones de 50 de las 600 viviendas, los vecinos intentaron cortar la salida de micros de la terminal de Retiro. Esta acción fue impedida por la saturación de fuerzas de Infantería. El Gobierno de la Ciudad, con el respaldo la policía de Kirchner, anunció que no permitirá ningún corte. Los vecinos han salido del escepticismo fomentado por los punteros patronales, que durante más de un año dijeron "acá no pasa nada". Para llevar adelante esa orientación cuentan con un grupo de delegados con mandato vencido, que acordaron que se tiren abajo esas viviendas.

El gobierno nacional presta el apoyo necesario para que Macri siga adelante con esta política lo hace no sólo con la Federal, también con la acción de sus punteros que se subordinan a los lineamientos macristas.

Mientras tanto, en el barrio, las organizaciones independientes del Estado, como el Polo Obrero, damos una lucha día a día para lograr la elección por manzana de nuevos delegados que representen los intereses de los vecinos, para lograr un censo y para lograr la urbanización definitiva de todos los que hoy viven en la 31.

Las reuniones con el ministro de Espacios Públicos han sido estériles. El gobierno pasó a ofrecer un plan llamado "Calle 9", que lo único que contempla es la parquización de una calle central, muy lejos de la urbanización y el tendido de luz, agua y cloacas que los vecinos reclaman.

Es necesario reanudar las asambleas por sector para discutir una salida a los intentos de expulsión de la 31:

* Ninguna demolición en la 31 y 31 bis.

* Refacción de las viviendas a cargo del Estado.

* Censo del 100% de los vecinos e inquilinos de la 31 y 31 bis.

* Por la urbanización de la 31 y 31 bis bajo control de las organizaciones sociales y vecinos electos.

Los vecinos de la 31 y 31 bis lucharemos por la urbanización y la radicación definitiva. Queremos que nuestro barrio sea armónico con el resto de la Capital; queremos una ciudad para los trabajadores, no para la especulación inmobiliaria de los Macri/Kirchner.

L.F. / Maximiliano Martin

viernes, 16 de enero de 2009

El Cromañón de Mauricio Macri


Se tiene que ir

El incendio que mató a seis criaturas en la Boca es otro crimen de Estado. Como miles de familias de ese barrio, las víctimas del incendio vivían hacinadas en una vivienda ocupada, sin posibilidades económicas de alquiler y, mucho menos, de acceso a una vivienda. Para el año 2009, el gobierno de Macri envió un presupuesto con una reducción del 70% en los recursos para vivienda popular. Ese presupuesto fue avalado por la Legislatura de Macri, Ibarra, Kirchner y Carrió. Mientras tanto, los recursos abundan para todo los proyectos vinculados con la especulación inmobiliaria, como la prolongación de Puerto Madero y otros. El hacinamiento, la inseguridad y la muerte no son "accidentes": son una orientación social, una política de Estado.

El incendio de la Boca integra una larga lista de siniestros similares. En algunos casos, existe la sospecha de que los incendios se han convertido en un método criminal y solapado de desalojo. De acuerdo con estas denuncias, mafias inmobiliarias asociadas al Estado se apropian de casas con situación dominial incierta. Luego, provocarían incendios para promover el desalojo de los vecinos.

Además, los bomberos voluntarios de La Boca se han cansado de denunciar que las bocas de agua no funcionan. Fueron tapadas en 2003 (gobierno de Ibarra), y desde entonces ningún gobierno se ocupó de reabrirlas. Fue por este motivo que, en la madrugada del siniestro, los bomberos demoraron en atacar el incendio. Además, la policía y la Guardia de Infantería se dedicaron a reprimir a los vecinos que querían ayudar a las víctimas, y contribuyeron a obstaculizar la labor de los bomberos. Con el abandono premeditado, el Estado colabora para que los incendios terminen en desalojos "de hecho" y, como en este caso, en verdaderos asesinatos sociales.

Sin mosquearse, los funcionarios intervinientes admitieron que conocían las condiciones de hacinamiento y peligro en que vivían las víctimas del incendio. Estamos, por lo tanto, ante un homicidio culposo del gobierno y sus funcionarios. Es el Cromañón de Mauricio Macri. Como el responsable de Cromañón, se tiene que ir.

Juicio penal y político a Macri y a los funcionarios. Investigación independiente del incendio y de todos los incendios anteriores. Inspección y reparación inmediata de toda la red de agua y bombeo de La Boca, bajo el control de vecinos electos; por la adjudicación inmediata de viviendas para las familias afectadas a cargo del Estado.

Marcelo Ramal

NI TRAGEDIA NI ACCIDENTE


El incendio que costó la vida de seis criaturas en la Boca no fue una "tragedia" o un "accidente". Como en otros siniestros, quedaron impresas todas las huellas de un crimen de Estado:

1) Los bomberos voluntarios de La Boca llegaron cuarenta y cinco minutos después de iniciado el incendio. No pudieron intervenir como correspondía porque fueron desplazados por los de la Federal.

2) Los bomberos de la Federal llegaron con carros de asalto y más de veinte efectivos de la Guardia de Infantería. Antes de ocuparse del incendio, se dedicaron a reprimir a los vecinos que intentaban abrir la puerta de la casa y socorrer a los niños atrapados.

3) No es la primera vez que los incendios en La Boca se cobran víctimas fatales. Los bomberos voluntarios de La Boca ya habían denunciado que el gobierno de la Ciudad cerró las bocas de agua que usaban las autobombas. Esto, sumado a las malas condiciones edilicias de los conventillos, la mayoría de madera, y la precariedad de las instalaciones eléctricas, hacen más fácil la propagación del fuego.

4) Como otros casos anteriores, el incendio fue un desalojo encubierto: bomberos se encargaron de que el edificio quedara en ruinas para evitar futuros usurpadores.

Los funcionarios brillaron por su ausencia. Pero apenas pasado el incendio, reconocieron ante los medios que conocían perfectamente la situación de precariedad en la que vivían estas familias. Todos ellos saben que los conventillos de la Boca son verdaderos Cromañones potenciales. El gobierno de Macri, y la Legislatura que comparte con los diputados de Ibarra, Kirchner y Carrió, aprobó un presupuesto 2009 con una reducción del 70% en los recursos para vivienda popular. Los partidos capitalistas se han abocado a una suerte de "limpieza étnica" de los trabajadores que no logran acceder a los alquileres astronómicos de la capital. Por caso, y ante los hechos de la Boca, el kirchnerista Diego Kravetz "denunció" que la Ciudad "no realiza suficientes inspecciones" en edificios y casas tomadas. Le reclama a Macri una política de clausuras y desalojos "por seguridad", y no la refacción de esas viviendas a cargo del Estado. Mientras tanto, todos ellos votaron recursos cuantiosos a favor de la especulación inmobiliaria, como la extensión de Puerto Madero o el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

Sin mosquearse, los responsables de esta orientación social han anunciado que "los damnificados por el incendio cobrarán el subsidio por desalojo". ¡Pero en la Boca hubo seis crímenes! Mauricio Macri ha perpetrado su propio Cromañón. Su gobierno, sus funcionarios y él deben pagar por ello. Exigimos el juicio político y penal a Macri y a los funcionarios responsables; ningún desalojo, ningún incendio más. Inspección de todas las viviendas populares de la Boca, por su refacción a cargo del Estado.

Ante la posibilidad de una gran movilización popular en el momento del velatorio, el gobierno apresuró el entierro de los niños asesinados. Pero una asamblea posterior, con un centenar de vecinos, resolvió una movilización para este miércoles 14, para llevar estos reclamos a la Jefatura de Gobierno.

Noma (La Boca)

viernes, 9 de enero de 2009

El ajuste de Macri en la ciudad, con libreto "progresista"

PRESUPUESTO 2009 DE LA CIUDAD

Para lograr la sanción del presupuesto 2009, el derechista Macri se valió de "progresistas": Carrió, Ibarra y Telerman.

Según Ibarra, el acuerdo que lograron fue "una victoria de los vecinos", ya que Macri tuvo que resignar nuevos impuestos a los sellos o al consumo con tarjetas de crédito. La compensación por los ingresos cedidos la logrará un nuevo impuesto al Casino Flotante, a los tragamonedas y a los bingos. El impuesto al juego terminó siendo la "prenda de unidad" para que, juntos, los diputados de Ibarra y de Carrió votaran el presupuesto de Macri.

Los 'progresistas han convalidado así los casinos y tragamonedas, que hasta hoy están prohibidos por la legislación de la Ciudad. En definitiva, los diputados no votaron algo demasiado diferente al acuerdo previo entre Kirchner y Macri, que duplicaba la tajada de la Ciudad en los ingresos fiscales del juego, a cambio de homologar la extensión de los negocios de Cristóbal López. Al igual que ese convenio, que Macri luego rompió por presión de la Iglesia, la "nueva" ley de Ibarra-Carrió-Macri es un espaldarazo a las ruletas y bingos, o sea al saqueo económico de la población, al lavado, al narcotráfico y a la prostitución.

No tenemos noticias de que Bergoglio o Cassaretto se persignaran por este nuevo "pacto del juego". A la Iglesia no le preocupa la degradación social que conlleva el juego, sólo quiere poner un freno a los casinos de la camarilla kirchnerista.

Ajuste en la Ciudad

Aunque el pacto macro-ibarrista pretende legitimar el juego, el impuesto es inaplicable, puesto que la Ciudad no tiene facultades legales para gravarlo. El seudo "impuesto" fue sólo "una salida política para destrabar el Presupuesto" (Cronista, 23/12); o sea, un acto para la tribuna. En cambio, lo que sí hicieron los diputados macristas y "progresistas" fue afinar el lápiz en materia de gastos; es decir, imponer un ajuste. Por caso, para los ingresos fiscales se ha presupuestado una inflación del 14%, pero para los salarios un aumento de sólo el 11%. Los restantes gastos sociales crecerán aún menos: el 7,5%. En esta "reformulación", la inversión en vivienda popular cayó de 200 a 70 millones de pesos. En suma: lo que Aníbal Ibarra quiso vender como "victoria", será una apretada de cinturón contra los maestros, médicos, estatales y los sin techo.

El kircherismo en el tobogán

La votación del presupuesto porteño es una "maqueta" de la crisis política nacional. Los Macri y Carrió, que auspician un acuerdo con el FMI, se encargaron de urdir su propio "plan de ajuste" en la Ciudad, junto con los Ibarra, Telerman y Lozano. Es decir que los "transversales" dejan el kirchnerismo para arrimarse al bloque sojeto que reclama el ajuste y la devaluación. En un reciente reportaje, Ibarra explica, precisamente, que el disparador de su ruptura con el kirchnerismo fue "la rigidez (sic) del gobierno durante el conflicto con el campo".

Finalmente, quedó expuesta la debacle del kirchnerismo: sus diputados se abstuvieron de votar el presupuesto sin criticar uno solo de sus aspectos reaccionarios.

Los luchadores tienen que sacar todas las conclusiones de las rupturas y pactos que parieron este presupuesto 2009: el pasaje del centroizquierda al campo del FMI.

Marcelo Ramal

jueves, 8 de enero de 2009

Anibal Ibarra, el Gioja de los Solanas y Lozano

Perpetró la mayor estafa de la historia de la Ciudad

Aníbal Ibarra resolvió tomar distancia del kirchnerismo y recrear por enésima vez un espacio "progresista". Enseguida consiguió la adhesión de los Lozano, Solanas, Bonasso y Tumini, cuyo carácter nacional y popular no les impide transar con el hombre que vetó la reducción de la jornada laboral en el Subte y luego coimeó a media Legislatura para impedir la insistencia, o con quien en toda su gestión bloqueó la expropiación definitiva de las empresas recuperadas de la Ciudad.

Pero más allá de esto, Ibarra es el autor de la mayor estafa financiera que tuvo lugar en la crisis de 2001-2002: por un lado, el abarrotamiento del Banco Ciudad con títulos públicos que acabarían en default y, por sobre todo, con una renegociación escandalosa de la deuda pública de la Ciudad para beneficiar a las AFJP y a los bancos Morgan y Santander.

Nos referimos a la renegociación de la deuda externa de la Ciudad, perpetrada entre abril y diciembre de 2002.

A comienzos de ese año, el Estado porteño cargaba con una deuda de 600 millones de dólares. Esa deuda se originaba en la "recapitalización" del vaciado Banco Ciudad. En 1997, De la Rúa había reciclado la deuda con los contratistas de la Ciudad mediante una emisión de títulos, los "bonos tango". El 70% de esos bonos fueron colocados entre las AFJP con intereses usurarios: rendían entre el 9 y el 11% anual, cuando la tasa de interés que pagaba el país en ese momento no superaba el 6%.

En 2002, el default nacional, la devaluación de la moneda y el derrumbe de la recaudación de impuestos volvieron imposible el pago de esa deuda. En ese momento, el gobierno de Duhalde discutía con las AFJP cómo se renegociarían los títulos públicos defaulteados que estaban en poder de las administradoras. Los bancos que controlaban a las AFJP le exigían al gobierno que los bonos se renegociaran en su moneda "de origen" (dólares), en oposición a cualquier tentativa de pesificación.

La crisis constituía la oportunidad para investigar el origen de la deuda pública y su carácter usurario. Pero Aníbal Ibarra resolvió lo contrario, y aplicó el libreto que reclamaban las AFJP.

En abril de 2002 anunció una renegociación con los acreedores de los Bonos Tango, reconociendo la totalidad del capital adeudado. Para organizar la refinanciación, Ibarra contrató a la banca Morgan, a cambio de una comisión de 12 millones de dólares.








La "ley Morgan"

La Constitución porteña le asigna al Ejecutivo la facultad de establecer arreglos de la deuda pública, que sólo después deben ser aprobados por la Legislatura. De acuerdo con ello, Ibarra debía proponerle un arreglo a los acreedores y, una vez que éstos lo aceptaran, la Legislatura tenía que refrendarlo. Pero J.P. Morgan le impuso a Ibarra operar al revés: que la Legislatura votara previamente el acuerdo, y que los acreedores lo refrendaran o rechazaran. J.P. Morgan quería llevarle a los usureros un acta de rendición incondicional de todos los poderes de la Ciudad. El 18 de abril de 2002, la Legislatura votó la "reestucturación" urdida entre Ibarra y los usureros. En su intervención en la Legislatura, Altamira calificó a este acuerdo como "la ley J.P. Morgan".


El arreglo reconocía la totalidad del capital de la deuda sin quita alguna y en sus monedas originales, en momentos en que los "bonos Tango" se cotizaban al 25% de su valor. Sólo fue reconocida una quita del 30% en los intereses pactados, lo que no le quitó su carácter usurario. Es que los nuevos intereses, de entre el 7 y 9 por ciento anual, resultaban entre dos y tres veces superiores a las tasas de referencia internacionales de ese momento. La tasa del 11% que había aceptado De la Rúa correspondía a los niveles de la crisis asiática y rusa de 1997/99.

En diciembre de ese año, se completó el negociado con el acuerdo por la deuda en pesos. La Legislatura votó la refinanciación de los Bonos Tango emitidos en pesos, disponiendo que fueran indexados de acuerdo con la recaudación tributaria, a sabiendas de que la recaudación impositiva se encontraba, debido a la crisis, por el suelo. Por lo tanto, los acreedores se beneficiaron con los aumentos extraordinarios del cobro de impuestos producidos con la recuperación económica posterior. Ibarra logró lo que parecía imposible: beneficiar a los acreedores en pesos, luego de una mega-devaluación del peso.

En marzo de 2003, una asamblea de acreedores de los bonos Tango aprobó en Londres la "reestructuración", con un nivel de aceptación del 90%. Los voceros del capital financiero no vacilaron en calificar al arreglo de Ibarra de "ejemplar". El elogio tenía un claro sentido: con esta refinanciación leonina, se presionaba al Estado nacional por un acuerdo similar con el canje de los títulos de la deuda defaulteada en 2001.

Para defender este rescate de los usureros, Ibarra sostuvo que pretendía "defender el crédito externo de la Ciudad". Pero en un país que se encontraba en cesación de pagos, la Ciudad carecía de toda posibilidad de acceder a nuevos préstamos. Así quedó demostrado en los años posteriores, cuando el Estado porteño tuvo que destinar entre el 5 y el 10% de sus ingresos presupuestarios a la deuda "refinanciada", sin conseguir un peso de crédito como contrapartida. Con restricciones de todo tipo, el pueblo de la Ciudad pagó este "regalo" de Ibarra a las AFJP y a la Banca Morgan.

En la bancarrota de 2001/2002, Ibarra jugó como un agente del capital financiero. ¿Qué diferencia hay entre el usurero Ibarra y el minero Gioja, agente de la Barrick Gold, para que Solanas y Bonasso prefieran al primero y se desencadenen contra el segundo? Aliándose a Ibarra (y a Juez), los campeones de la soberanía petrolera y minera, y de la redistribución del ingreso, están anunciando sus colores: por la devaluación que piden los sojeros y por el acuerdo con el FMI, que reclaman los banqueros.

Marcelo Ramal

viernes, 2 de enero de 2009

Vienen también por el salario



No a los despidos, sí al aumento salarial y paritarias libres


El presidente de la Asociación de Fábricas Automotrices, Dominique Maciet, de Renault, propuso una "tregua de seis meses que incluya paz social" (La Nación, 23/12) para toda la industria automotriz y autopartista, el sector que está hoy en el centro de la discusión nacional.

El Smata debería comenzar su discusión paritaria el 1º de enero, lo cual lo transforma en un caso clave para las paritarias de 2009.

La burocracia sindical de ambos sindicatos no es ajena a la movida; el propio dirigente patronal reconoció que "se iniciaron contactos formales e informales con los representantes del Smata tanto a nivel nacional como provincial y que hay voluntad de diálogo en el gremio", algo no desmentido por los aludidos.

Jerome Stoll, representante de Renault en el Mercosur, acaba de decir que "este año el objetivo será actuar sobre los costos más que sobre los precios"; o sea, despidos y congelamiento de salarios.

Para Stoll "es muy importante ver cómo se puede recuperar competitividad con el tipo de cambio", o sea que piden a gritos una devaluación monetaria y "después hablamos". Piden la tregua para poder despedir y para devaluar el peso, y por esa vía los salarios. Se trata de una línea internacional, como se ve en Estados Unidos con GM, Crhysler y la Ford a los de Toyota, Nissan y Honda.

En Argentina, los salarios ya están cayendo como resultado de los cortes de horas extras y suspensiones, y por sobre todo donde los convenios ya son por fábrica y flexibilizados, especialmente en el Smata. El caso testigo de la lucha obrera, el de GM, se da precisamente en una fábrica cuyo convenio es el emblema de la flexibilidad laboral, fue firmado sin obreros (antes que se instale la fábrica), comprende la extensión de jornada y el banco de horas, un mecanismo para trabajar horas extras gratis. Todo lo cual no impidió los despidos y suspensiones.

En este cuadro, los trascendidos sobre los "topes" de aumentos salariales basados en la inflación futura más el 5%, en las paritarias del año que viene (un miserable 13% teniendo en cuenta los cálculos oficiales) (Clarín, 28/12), son meramente distraccionistas. Las burocracias del Smata y de la UOM están negociando en secreto, como lo hizo la de petroleros, una suspensión del reclamo salarial con el argumento de 'defender la fuente de trabajo' (no los puestos de trabajo).

A la par del planteo de no a los despidos, y de ocupar toda fábrica que cierre o despida, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, hay que defender el derecho al aumento general de salarios y a las paritarias.

Néstor Pitrola